El reciente cese abrupto de los científicos que trabajaban en la sexta Evaluación Nacional del Clima ha generado preocupación sobre la capacidad futura de los Estados Unidos para prepararse frente a eventos extremos relacionados con el clima. Esta evaluación, mandatada por el Congreso desde 1990, ha sido una herramienta invaluable para gobiernos y entidades privadas, brindando detalladas evaluaciones sobre cómo el aumento de las temperaturas impacta en la salud y el bienestar económico de los ciudadanos.
A principios de abril, el río Ohio desbordó su cauce e inundó partes de Cincinnati, un indicio más de los eventos climáticos extremos que están afectando al país. Este año pinta para ser el segundo más caliente en los registros. Sin embargo, la administración Trump ha puesto en peligro la preparación del país al despedir a cientos de científicos que formaban parte de la metodología intergubernamental encargada de elaborar dicho informe.
Es importante recordar que esta evaluación recoge investigaciones existenciales sobre el cambio climático, con el fin de detallar riesgos relacionados con olas de calor, sequías, tormentas, inundaciones y otros desastres exacerbados por el clima. Su cese ha dejado el futuro del informe en suspenso, especialmente preocupante para sectores como la agricultura, la planificación urbana y el transporte, que dependen de estas previsiones para planificar a largo plazo.
El contrato que sostenía al Programa de Investigación del Cambio Global fue cancelado inesperadamente en abril, anulando un acuerdo que estaba financiado para funcionar hasta 2026 entre la NASA y la firma consultora ICF International. Con la mayoría del personal despedido, la continuidad del estudio se encuentra en un terreno incierto.
Además, otras agencias federales clave en la gestión de fenómenos extremos, como el Servicio Meteorológico Nacional y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, están enfrentando recortes significativos, lo que podría agravar todavía más la capacidad de respuesta y previsión.
Sin la Evaluación Nacional del Clima, habría un preocupante vacío en la provisión de información crucial para quienes deben tomar decisiones a largo plazo, algo que Reid Sherman, exlíder de adaptación climática en el programa, subraya como esencial para muchos sectores, incluyendo los gestores de recursos hídricos y urbanistas.
En conclusión, la pérdida de coordinación y de recursos comunes para definir y comunicar términos claves en la gestión de desastres generará confusión y podría empeorar la eficacia en respuestas coordinadas entre distintas agencias, algo que, hasta ahora, había sido mitigado por este informe integral.