En un tenso clima de controversia, diversas organizaciones científicas se ven sumidas en un dilema tras la decisión del gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, de recortar drásticamente los fondos federales destinados a proyectos de investigación que abordan temas de equidad y comunidades marginadas. La conmoción inicial se dio el 20 de enero de 2025, con la firma de una orden ejecutiva que impactó a múltiples proyectos científicos.
El recorte de fondos no tardó en generar reacciones diversas. Algunas entidades, como la American Public Health Association (APHA), tomaron cartas en el asunto uniéndose a una demanda presentada por la ACLU el 2 de abril. Esta acción fue rápidamente secundada por 16 fiscales generales estatales, manifestando su desaprobación ante lo que considera un ataque contra la ciencia.
Mientras algunas organizaciones tomaron una postura activa, otras, como la Sociedad de Medicina del Comportamiento (SBM), decidieron permanecer al margen para sorpresa y frustración de muchos de sus miembros. Un grupo de científicos invitados al congreso de la SBM lanzó una petición exigiendo que la organización se sumara a las protestas legales, bajo el hashtag #TerminatedScience. La convocatoria ganó adeptos, superando las 400 firmas.
La postura del SBM generó comentarios enérgicos entre los investigadores. Se advirtió que la decisión del gobierno de cancelar ciertos financiamientos representaba una seria erosión de la libertad académica. Estudios enfocados en diversidad racial, salud integral de la comunidad LGBTQ+ y justicia reproductiva han perdido apoyo económico esencial.
Entre los investigadores, se encuentran quienes enfatizan que estas medidas no solo limitan el progreso científico, sino que también afectan directamente a la salud pública. Proyectos que buscaban mitigar desigualdades sociales y de salud han sido brutalmente frenados.
La falta de transparencia y participación comunitaria por parte de la SBM en su decisión fue considerada inaceptable por sus miembros, quienes abogan por una reacción más firme ante estas disposiciones gubernamentales que ponen en jaque a toda una red de investigación socialmente responsable.
Este episodio cuestiona el compromiso real de las sociedades profesionales con la defensa de la ciencia, especialmente cuando esta es objeto de politiquería y manipulación.
La conclusión: lo que comenzó como un corte presupuestario ha evolucionado en una lucha de integridad y propósito científico. Investigadores y profesionales de la ciencia están llamados a exigir respuestas contundentes a sus respectivas organizaciones. Guardar silencio es igual a ser cómplice y, en un momento crítico como este, la ciencia necesita defensores audaces.