El proceso de selección de 23 nuevos comisionados de la Unión Europea se enfrenta a un escrutinio por la insuficiencia de información en las declaraciones de conflicto de intereses presentadas por los candidatos. A pesar de las dudas expresadas por algunos miembros del Parlamento Europeo y la controversia sobre las técnicas ambiguas en cuanto al requisito de revelar inversiones superiores a €10,000, los aspirantes han sido aprobados para las audiencias en noviembre.

La comisión de asuntos legales, conocida como JURI, solicitó información adicional de la mayoría de los candidatos debido a declaraciones, en gran medida vacías, filtradas a la prensa. Teresa Ribera y Stéphane Séjourné son algunos de los candidatos cuya actitud fue criticada por rehusarse a proporcionar detalles más explícitos sobre sus bienes, a pesar de poseer inversiones considerables que no han sido declaradas de forma uniforme entre sus responsabilidades nacionales y europeas.

Casos como el del candidato griego Apostolos Tzitzikostas, que dejó perplejos a varios legisladores con un enigmático portafolio inmobiliario, aumentaron las preocupaciones. Tzitzikostas ha justificado la propiedad de múltiples bienes por herencia, pero su falta de declaraciones sobre préstamos provoca cuestionamientos sobre la transparencia de sus declaraciones.

La respuesta de los candidatos ha variado entre la negativa a proporcionar información adicional y la revisión de las declaraciones para corregir omisiones. La eslovena Marta Kos detalló millones en cuentas de ahorro suizas, mientras que Dubravka Šuica de Croacia accedió a vender acciones para eliminar cualquier posible conflicto de intereses.

La interpretación flexible de las normas ha permitido que algunos candidatos eviten dar detalles esenciales, impulsando la crítica de los partidos The Left y los Greens, quienes consideran el proceso como una farsa. Tras varias discusiones, partidos como los Socialistas y Demócratas, entre otros, decidieron avanzar con la aprobación de los 26 comisionados, eludiendo las preocupaciones de las otras agrupaciones.

Con el actual entorno económico y político, la necesidad de un escrutinio más riguroso es palpable. La falta de transparencia en estos procedimientos puede socavar la confianza pública en las instituciones, por lo que se hace imperante un mayor control que garantice que los comisionados actúen en el mejor interés de los ciudadanos europeos.