En una sesión cargada de tensiones, el gobierno francés inicia la discusión sobre la Ley de Finanzas 2025 en la Asamblea Nacional. Este debate, que promete ser intenso, se enfrenta a la presión del ministro de Cuentas Públicas, Laurent Saint-Martin, quien defiende mantener el déficit del PIB en un 5% para 2025. Los parlamentarios han sido un hervidero de propuestas, muchas divergentes, con el propósito de alcanzar objetivos económicos y fiscales claros.

Un punto candente es la contribución excepcional fijada para las grandes corporaciones. A pesar de las fuertes reacciones en ambos sentidos sobre su implementación, se ha decidido mantener sin cambios la carga fiscal sobre 440 empresas que superan el billón de euros en ingresos. Paralelamente, una contribución adicional, impulsada por La Francia Insumisa (LFI), fue aceptada para tasar los “superbeneficios” de compañías con ingresos superiores a 750 millones de euros, cuya finalidad es recuperar 15 mil millones de euros.

Las modificaciones para el sector del transporte marítimo también generan debate. Un recálculo de la tasa sobre el principal benefactor del sector, CMA-CGM, significa que ahora se duplicarán los ingresos previstos, alcanzando más de mil millones de euros para 2025, superando así el anterior umbral de 500 millones.

El escenario no es menos complicado para los impuestos sobre las acciones. No solo ha aumentado el impuesto del 8% al 30%, sino que además se ha introducido un nuevo impuesto del 3% sobre la recompra de acciones. Esto afecta especialmente a las empresas del CAC 40, que están cada vez más inclinadas hacia esta práctica.

Mientras tanto, las tasas para individuos también están en tela de juicio. Una alianza inusual entre el MoDem y la izquierda ha incrementado la flat tax del 30% al 33%, además de instituir la contribución diferencial sobre altos ingresos. La esperanza del gobierno de su eventual eliminación para 2026 enfrenta dificultades.

El tema de las “niches fiscales” ve movimiento, con el crédito de impuesto para la investigación en el centro de un debate suspicaz. Propuestas para retirar ciertos sectores del marco del crédito y recortes en créditos para servicios a domicilio intentan reconfigurar el panorama fiscal, asegurando, según sus defensores, economías cercanas a 500 millones de euros.

Un consenso inusual se ha forjado respecto a la taxación sobre la electricidad, con varios bloques políticos oponiéndose a un aumento significativo, aunque permanecen discrepancias sobre el alcance del “escudo tarifario” implementado tras la crisis energética.

Por último, la intención inicial de limitar la dotación para la Asociación de Ayuda al Empleo de Personas con Discapacidad no prosperó, con ajustes que ahora plantean una retirada escalonada del fondo anual. Esta decisión probablemente encontrará tanto simpatizantes como detractores en la próxima reunión de discusión.

La diversidad de posturas ilustra las complejidades del proceso político en momentos de presión económica. Mientras el gobierno plantea respuestas calibradas para sostener las finanzas del Estado sin asfixiar a los ciudadanos, el debate se alza como una muestra de los desafíos inherentes a la política fiscal en tiempos modernos.