En los últimos meses, el asesinato de mujeres ha generado un clamor en la sociedad turca que ha obligado al gobierno de Recep Tayyip Erdoğan a tomar medidas más severas en sus leyes penales. Solo en septiembre, 34 mujeres fueron asesinadas por hombres y otras 20 murieron en circunstancias sospechosas, según un informe de “We Will Stop Femicide Platform”. Durante el presente año, el conteo de asesinatos alcanza los 297, mientras que el año pasado terminó con 416 muertes.

La indignación pública se intensificó tras una serie de homicidios destacables que recientemente atrajeron la atención nacional e internacional. Uno de los casos más chocantes fue el asesinato de İkbal Uzuner por Semih Çelik, un joven de 19 años, quien además se suicidó tras cometer el crimen. También se le atribuye el asesinato de otra joven, Ayşenur Halil, el mismo día.

Estos sucesos han puesto de manifiesto la percepción de que el partido gobernante, AKP, no prioriza la seguridad de las mujeres. Sin embargo, la presión pública ha llevado al presidente Erdoğan a anunciar un endurecimiento de las leyes penales, prometiendo reformar el sistema de cumplimiento de sentencias y detener las liberaciones anticipadas que han permitido a individuos con historial criminal seguir en libertad.

A pesar de estas promesas, muchas mujeres dudan de su eficacia, dado que hace apenas unos años, en 2021, Erdoğan decidió retirarse de la Convención de Estambul, un acuerdo clave para combatir y prevenir la violencia contra la mujer.

El malestar ha permeado todos los estamentos de la sociedad, obteniendo el respaldo no solo de activistas por los derechos de las mujeres, sino también de personalidades de renombre y usuarios de redes sociales. Esta indignación ha sido alimentada por la falta de implementación efectiva de leyes existentes, como la Ley 6284, que se considera suficientemente robusta para proteger a las mujeres, si se aplicara rigurosamente.

Mientras que la indignación popular sigue escalando, el gobierno ha tomado decisiones controversiales como bloquear plataformas digitales, presuntamente utilizadas para promover crímenes sexuales, lo que algunos critican como medidas insuficientes frente a la crisis de violencia de género.

El camino hacia una mayor seguridad para las mujeres en Turquía queda empañado por la desconfianza hacia una administración que, durante años, ha estado inmersa en un enfoque que muchos consideran no ha priorizado la protección femenina. No obstante, la insistencia pública podría ser la clave para el inicio de reformas reales en un país donde el cambio se percibe como una necesidad urgente.