La reciente aprobación por parte de la cámara baja del parlamento italiano de un “proyecto de ley de seguridad” está generando serio revuelo. Este nuevo marco legal tiene en la mira a los activistas climáticos al criminalizar el bloqueo de carreteras y vías férreas, imponiendo castigos de hasta dos años de cárcel. La medida, si se aprueba en el Senado, podría suponer, según detractores, la prohibición efectiva de las protestas callejeras en Italia.

El creciente papel del gobierno en limitar protestas pacíficas y endurecer las penas ha sido bautizado por algunos como la ley “anti-Gandhi”. Desde la aprobación en 2022 de su primera ley en contra de los raves ilegales, que castigó a los organizadores con hasta seis años de prisión, el gobierno de Meloni ha seguido un rumbo similar, implantando medidas como la detención automática para migrantes y limitando derechos reproductivos y LGTBQ+.

Estos cambios se ven como una estrategia gubernamental para manejar problemas sociales de forma autoritaria, optando por el sistema penal en lugar de diálogo. La asociación Antigone destaca este enfoque iliberal sobre lo que deberían ser asuntos tratados dentro del marco razonable de una democracia.

Mientras este proyecto recibió impulso, Meloni reiteró que la “seguridad es su máxima prioridad”, una declaración que ha sido criticada por Riccardo Noury de Amnistía Internacional, quien sostiene que “el valor de la seguridad no debe implicar la renuncia a derechos fundamentales”.

Dichas regulaciones, junto con etiquetas de “eco vándalos” para los activistas climáticos, han llevado a situaciones como la de Giacomo Baggio, del grupo de la Última Generación, quien enfrenta restricciones severas antes de afrontar un juicio en octubre tras interponer una denuncia por agresión policial en una protesta.

El énfasis continuo del gobierno en “orden y ley” acompaña un clima de inquietud política. Meloni lucha contra escándalos internos y adversidades presupuestarias en un escenario político europeo que no facilita su labor.

Sin embargo, voces como la de Laura Boldrini alertan sobre una “deriva autoritaria”, señalando que estas medidas erosionan principios democráticos básicos, como la libertad de prensa y la independencia judicial, especialmente tras denuncias de control gubernamental sobre el ente de radiodifusión público RAI.

Con propuestas como la elección directa del primer ministro, que concentraría poder en su figura, la línea del gobierno resulta perturbadora para la oposición.

Aunque Meloni persigue una imagen de firmeza en la política interna, las críticas de vulnerar la democracia resuenan con repetida vigencia en un escenario europeo donde la vigilancia sobre los derechos fundamentales es una constante.