El gobierno italiano, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, enfrenta un obstáculo legal tras la aprobación de un controvertido decreto que busca agilizar un acuerdo con Albania para gestionar las peticiones de asilo de migrantes en centros offshore. Este decreto, que se convertirá en ley automáticamente, permite al gobierno italiano designar a países enteros como “seguros” para el retorno de migrantes.

El decreto busca solventar las recientes complicaciones legales luego de que un tribunal romano dictaminara que ningún migrante enviado a Albania podría ser detenido allí, dado que sus países de origen, Bangladesh y Egipto, no fueron considerados seguros. De acuerdo con las normas del propio gobierno, únicamente hombres adultos, no vulnerables, y procedentes de países designados como seguros podrían ser enviados a estos centros de procesamiento.

La decisión del tribunal se basó en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cual establece que los estados miembros de la UE solo pueden declarar a naciones enteras como “seguras”, y no a regiones específicas. Algunas de las naciones que Italia buscaba designar como seguras incluyen áreas que no cumplen con esta característica de seguridad.

El ministro de Justicia, Carlo Nordio, comentó en una rueda de prensa que la sentencia del TJUE es “muy compleja”, posiblemente lo que llevó a una interpretación errónea por parte de los jueces italianos. Además, el ministro indicó que algunos migrantes podrían mentir acerca de su país de origen para evitar ser deportados. Argumentó que una persona podría alegar ser de Bangladesh, aun viniendo de un país completamente seguro, lo cual, en su opinión, debería ser corregido.

Este entramado legal pone en jaque el plan de Meloni, que busca con firmeza concertar acuerdos como el de Albania para el tratamiento de migrantes fuera de las fronteras italianas. Con el fallo en contra y la crítica de organismos europeos, Italia se encuentra en un terreno político y diplomático resbaladizo. Habrá que observar cómo el gobierno supera este desafío legal y político, y cómo podría influir en futuras políticas migratorias de la región.