La reciente apertura de los centros de detención de migrantes en Albania ha generado una oleada de críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores de la oposición en Italia. En virtud de un acuerdo firmado en 2023 entre el gobierno italiano y Tirana, estos centros permiten a Italia enviar hasta 36,000 migrantes al año, principalmente hombres interceptados en zonas internacionales. La intención, según el gobierno liderado por Giorgia Meloni, es aliviar la presión sobre los centros de detención en Italia y disuadir a las personas de intentar cruzar el Mediterráneo.
Sin embargo, las voces críticas han catalogado este plan como “un Guantánamo italiano”, debido a que podría oscurecer el escrutinio y debilitarlos derechos humanos de aquellos detenidos. La abogada Federica Borlizzi señaló que estos centros podrían perpetuar las condiciones degradantes que se documentaron en los centros de detención dentro de Italia, como el hacinamiento y la falta de servicios básicos, una situación que podría empeorar al estar en un territorio extranjero.
Además, actores clave como Anna Brambilla, de la Asociación para Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI), advirtieron que los migrantes enviados a Albania podrían ver sus derechos legales severamente restringidos. Enfatizó que el limitado acceso a asistencia legal ya es un problema en Italia y podría complicarse aún más cuando se traslada a los detenidos a un país extranjero. Asimismo, criticó los procedimientos acelerados de asilo, argumentando que no permiten una evaluación precisa de los casos y pueden ignorar factores de vulnerabilidad de los solicitantes.
Para eventos como estos, la falta de garantía de una identificación adecuada de víctimas de trata o menores no acompañados añade otra capa de preocupación a quienes defienden los derechos de los migrantes. El Green and Left Alliance, liderado por Angelo Bonelli, cuestionó la efectividad de este esquema, tildándolo de “operación de marketing”. Pese a la capacidad para 3,000 personas al mes, Bonelli sostiene que no se ajusta a la magnitud del problema migratorio, el cual está profundamente influenciado por factores externos como el cambio climático y los conflictos bélicos.
Una posible consecuencia de este modelo es que otros países de la Unión Europea (UE) podrían replicarlo, dado que quince naciones ya solicitaron a la Comisión Europea evaluar esquemas similares. Este enfoque podría establecer un precedente en la política migratoria de la UE, con posibles impactos en el régimen de derechos humanos para los solicitantes de asilo y la vigilancia de sus derechos en estos centros de detención periféricos. El dialogo en torno a estos centros sigue caliente, revelando la complejidad del equilibrio entre política migratoria y compromiso con los derechos humanos.