La administración de Trump ha revelado una propuesta presupuestaria que tiene a muchos defensores de los programas sociales levantando las cejas. Esta vez, el popular Programa de Asistencia Energética para Hogares de Ingresos Bajos (LIHEAP, por sus siglas en inglés) está en el punto de mira. Este crucial recurso ayuda a aproximadamente 6 millones de estadounidenses a mantener sus hogares cálidos en invierno y frescos en verano. Sin embargo, el gobierno asegura que las políticas de “dominación energética” pueden tomar su lugar, prescindiendo de la necesidad de subvencionar costos energéticos.

El programa, que ha recibido un apoyo bipartidista en el Congreso, tiene promotores vehementes como la senadora por Maine, Susan Collins. Los colectivos más afectados suelen ser estados calurosos, donde cada vez se depende más del programa debido a las olas de calor potenciadas por el cambio climático. La realidad es clara: muchos estadounidenses que fallecen a manos del calor lo hacen en interiores, a menudo en hogares carentes de aire acondicionado, poniendo de manifiesto la importancia del programa.

A pesar de los argumentos del gobierno federal, el director de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética, Mark Wolfe, argumenta que el cierre del programa dejaría a numerosas familias luchando por sobrevivir. Aunque se lograse una reducción en los costos energéticos, no sería algo de efecto inmediato, advierte, “especialmente cuando las facturas eléctricas continúan llegando”.

La propuesta llega acompañada de significativos cambios en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, como la licencia administrativa del personal de LIHEAP, que podría terminar en despidos masivos el 2 de junio. Las críticas no se han hecho esperar desde altos estratos del Congreso, donde Collins, al frente del Comité de Asignaciones del Senado, lidera una petición para revertir estos recortes. “Es un asunto de salud y seguridad para muchas familias con ingresos bajos”, declaró.

Mientras el debate sobre el presupuesto sigue su curso, queda por ver cuáles serán las decisiones finales de los legisladores y cómo afectarán estas a la población más vulnerable. Lo cierto es que el acceso a energía asequible es más que una necesidad: es una cuestión de supervivencia para muchos.