Recientemente, Telegram ha realizado cambios significativos en su política de privacidad, permitiendo compartir más datos de usuarios con autoridades gubernamentales cuando así se requiera judicialmente. Esta modificación representa un cambio importante para la plataforma, que durante años ha sido criticada por su permisividad con actividades ilegales como el tráfico de drogas y el cibercrimen.

El director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, anunció que la plataforma ahora puede revelar direcciones IP y números de teléfono de criminales sospechosos bajo una orden legal apropiada. Hasta este punto, Telegram solo compartía datos de sospechosos de terrorismo tras recibir una orden judicial.

El mes pasado, Durov, quien es originario de Rusia, fue arrestado en París bajo cargos de facilitar actividades ilícitas en Telegram y de negarse a cooperar con las autoridades. Aunque actualmente está en libertad bajo fianza en Francia, se le ha prohibido salir del país.

A pesar del arresto, Durov ha contado con el respaldo de figuras prominentes, como Elon Musk, quienes apoyan la confidencialidad de los datos como una forma de proteger la libertad de expresión. Sin embargo, esta promesa de confidencialidad también ha llamado la atención de grupos del crimen organizado y disidentes políticos en regímenes represivos, quienes han utilizado la plataforma para sus operaciones.

En un intento de mejorar la seguridad, Durov confirmó que el equipo de moderadores ha trabajado para asegurar mejor la función de búsqueda de la aplicación, que había sido aprovechada para la venta de bienes ilegales.

Además, Telegram se ha comprometido a publicar informes de transparencia con más frecuencia, detallando su grado de cooperación con las autoridades. Estos informes solían ser semestrales, pero ahora se actualizarán trimestralmente.

Al concluir, es evidente que las presiones legales han obligado a Telegram a replantear sus prácticas de privacidad para encontrar un equilibrio entre seguridad y confidencialidad, asegurando a sus usuarios un entorno más regulado frente al abuso ilegal.